RGP es una herramienta basada en IA que respalda la cartografía de la normativa financiera mundial utilizando las obligaciones jurisdiccionales como genes.
El CRG se compone de taxonomías, cada una de las cuales representa obligaciones regulatorias organizadas por tema regulatorio. Son taxonomías básicas o «raíz» por diseño (ilustradas por los Niveles 0-2). No obstante, cada jurisdicción puede desarrollar extensiones sobre estas taxonomías raíz si necesita información más detallada.
RGP, una herramienta de desarrollo de capacidades para los mercados emergentes, facilita las autoevaluaciones frente a los principios básicos de la IOSCO y permite la comparación con otros marcos regulatorios de jurisdicciones más desarrolladas. Los primeros en adoptarla tienen la oportunidad de aumentar la ventaja competitiva de su jurisdicción.
RGP sigue ampliando el conjunto de temas secuenciados a través del CRG. Los conjuntos de datos generados mediante este proceso permiten automatizar el análisis comparativo en múltiples dimensiones, incluidas las de país, tema y familias de obligaciones. Estos análisis pueden utilizarse para las revisiones jurisdiccionales y la identificación de lagunas por parte de los reguladores encargados de comparar y mejorar las obligaciones.
Expertos de diversos continentes apoyan al RGP mediante la correspondencia de las normas internacionales establecidas por los organismos normativos con el CRG. Este es el primer paso hacia un apoyo automatizado para los expertos en la evaluación de diversas normas a escala nacional.
RGP ha constatado que el CRG permite clasificar los textos regulatorios por sus propias características obligatorias y no solo por tema. Esto facilita la investigación sobre formas de crear un marco de características —una metataxonomía— para someter a prueba y comparar la complejidad de las obligaciones con independencia del tema de la norma vigente.
La misión de RGP es construir e impulsar el Cambridge Regulatory Genome (CRG) como estructura de información pública y de código abierto para representar y comparar la regulación financiera entre jurisdicciones (por ejemplo, ámbitos como la lucha contra el blanqueo de capitales o los criterios ESG), a fin de proporcionar herramientas a los reguladores y responsables políticos para diseñar y supervisar marcos regulatorios.