Prioridades globales del Investment Company Institute, abril de 2023

El Investment Company Institute (ICI) actúa en todo el mundo como asociación sectorial de las instituciones de inversión colectiva reguladas.

Su misión es reforzar los cimientos del sector de la gestión de activos en beneficio último del inversor particular a largo plazo. Para ello, se propone:

• construir una base sólida para el sector, contribuyendo a reforzar los marcos normativos y regulatorios y fomentando prácticas sólidas de gobernanza, operativas y fiduciarias.
• servir de punto de encuentro para la colaboración entre sus miembros a la hora de abordar de forma proactiva las cuestiones estratégicas más críticas del sector y de establecer normas rigurosas que ayuden al sector a crecer de manera sostenible.
• promover los intereses del inversor particular mediante la formación y la ampliación del acceso a fondos regulados y otros productos de gestión profesional que le ayuden a alcanzar sus objetivos financieros.

La labor de políticas públicas del ICI que aquí se destaca se centra en dos comentarios publicados recientemente.

Labor en materia climática

Entre los numerosos documentos de política que el ICI ha elaborado en este ámbito, en esta opinión solo hay espacio para citar uno: la respuesta del ICI a la solicitud de comentarios del Tesoro australiano sobre el desarrollo de un marco de información relacionada con el clima para el país. El ICI presentó su respuesta en febrero de 2023. El mundo de los servicios financieros se plantea preguntas de todo tipo sobre la emergencia climática, y resulta difícil, en términos de planificación empresarial y de divulgación, encontrar respuestas que aporten información útil, fiable, coherente y capaz de trascender fronteras para su análisis en todo el mundo sobre una base común. Se trata de un listón muy alto, pero que los servicios financieros necesitan.

El ICI respaldó la propuesta del Tesoro australiano de apoyarse, en su nuevo marco de divulgación financiera relacionada con el clima, en normas mínimas globales comunes como las que está desarrollando el International Sustainability Standards Board (ISSB),2. En coherencia con su respuesta a la consulta del ISSB de julio de 2022, este enfoque debería permitir a las jurisdicciones de todo el mundo construir sobre una base común sin dejar de facilitar las iniciativas locales. La adopción global de la labor del ISSB facilitará la tarea de los gestores de activos en todas partes, que competirán en rentabilidad sobre la misma base de divulgación.

El ICI señaló al Tesoro australiano dos cuestiones que merecen atención. Los problemas de datos siguen siendo obstáculos importantes para determinar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de alcance 3, según el estado actual de la ciencia. Dado que persisten lagunas de datos y aún no se ha decidido una metodología de medición unificada, el ICI considera preferible dejar por ahora este elemento fuera de la información. El autor de esta opinión lo aprobaría, siempre que la laguna de información se indique claramente a los usuarios de esta información. Eso sería mejor que publicar información errónea y potencialmente engañosa de forma significativa que no se basa en criterios generalmente aceptados.

En segundo lugar, las autoridades deben determinar niveles de divulgación conforme al ISSB que sean proporcionales al tamaño de la empresa o del fondo. Una misma talla no sirve para todos. Un fondo de pequeña capitalización puede estar especializado en empresas que, a su vez, se especializan en un sector que no genera grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Por citar un ejemplo, es probable que los sectores de servicios generen proporcionalmente menos gases de efecto invernadero que las empresas manufactureras o de transporte. La cuestión de la proporcionalidad es válida tanto para las empresas que componen un fondo pequeño de este tipo como para el propio fondo. En opinión de este autor, la información debería describir esta circunstancia y señalar que el fondo (y los emisores de los valores que lo componen) están a la espera de una definición más precisa del alcance de lo que deben compartir con el mercado.

Inversión extranjera directa («IED»)

Un segundo ámbito sobre el que el ICI publicó recientemente una opinión fue la IED.3

Muchos países del mundo, incluidos los Estados Unidos, cuentan desde hace tiempo con salvaguardias frente a la toma de control por parte de inversores extranjeros en sectores estratégicos, como la defensa, los servicios públicos y el transporte. Sin embargo, a juicio de los autores del ICI, los muros que frenan la inversión extranjera por motivos de seguridad nacional son cada vez más altos en muchas jurisdicciones.

Los controles de la inversión extranjera directa empiezan a aplicarse más allá del contexto de las tomas de control, y a menudo se activan con niveles de inversión extranjera inferiores a los de antes: un 10 % o incluso un 1 % de las acciones de una empresa. Muchos controles prevén sanciones importantes en caso de incumplimiento. Además, a raíz de la crisis de la COVID-19, países como Alemania, Francia y España han extendido sus controles a los sectores sanitario y biotecnológico.

Los gobiernos de todo el mundo tienen un interés legítimo en proteger la seguridad nacional y la salud pública de sus ciudadanos. Pero las leyes sobre inversión extranjera directa suelen redactarse de forma tan amplia que los fondos regulados y sus gestores se ven arrastrados por ellas, incluso cuando los gestores de carteras no son inversores activistas que pretendan cambiar la orientación estratégica de una empresa ni tienen intención de hacerse con su control. Su actividad es la gestión de fondos regulados, que constituye en sí misma una disciplina distinta. A medida que las economías evolucionan junto con las cuestiones estratégicas globales, a estos gobiernos les interesa encontrar un mejor equilibrio en sus normas, de modo que puedan proteger la seguridad nacional sin dejar de permitir inversiones beneficiosas que ayuden a crecer a las empresas y sectores de sus países. Establecer exclusiones o puertos seguros para los fondos regulados globales y sus gestores contribuiría a alcanzar este objetivo.

El ICI aún no ha publicado su fact book de 2022. En 2021, los fondos regulados ofrecidos públicamente a los inversores en jurisdicciones de todo el mundo gestionaban 68,6 billones de dólares estadounidenses en activos netos totales. Las inversiones extranjeras representaban una parte significativa de las inversiones de los fondos regulados: se calcula que el 22 % de los activos bajo gestión (AUM) de las sociedades de inversión registradas en los Estados Unidos se invierte fuera de los Estados Unidos, y que el 70 % de los AUM de los OICVM se invierte fuera de la Unión Europea. Los gestores de activos de estos fondos invierten por cuenta de terceros para cumplir los objetivos de inversión declarados de sus fondos, sin intención de controlar las empresas de su cartera ni de obtener puestos en sus consejos de administración. Una vez más, la gestión de carteras es una disciplina diferenciada, está regulada como tal y así se indica en el folleto del fondo.

Con demasiada frecuencia, los gobiernos no reconocen que los fondos de inversión y sus gestores se diferencian de los accionistas patrocinados por Estados o de los accionistas activistas. Por ejemplo, en enero de 2022, Australia aplicó importantes reformas a su marco de revisión de la inversión extranjera, entre ellas la introducción de nuevas competencias en materia de seguridad nacional que exigen examinar las inversiones que puedan suscitar preocupaciones de seguridad nacional. Se otorgó al gobierno la facultad de «avocar» para su revisión operaciones que no se hubieran notificado de otro modo. Con arreglo a la ley, los inversores extranjeros que deseen adquirir una participación —normalmente del 10 % o más— en una «empresa de seguridad nacional» deben notificar sus planes al gobierno y esperar su aprobación. El incumplimiento tiene un coste elevado: penas de hasta 10 años de prisión y sanciones civiles de hasta 525.000.000 de dólares australianos.

Para ayudar a preservar y fomentar las inversiones extranjeras que no amenazan la seguridad nacional, los países podrían excluir a determinados inversores —como los fondos regulados— u ofrecerles puertos seguros, siempre que cumplan ciertas condiciones. Algunos países ya han optado por este tipo de enfoque. Los controles de la inversión extranjera directa aplicados recientemente por Japón eximen a determinadas instituciones financieras extranjeras reguladas, incluidas las sociedades gestoras de activos y las sociedades de inversión registradas, siempre que cumplan condiciones como no convertirse en consejeros ni en auditores de la sociedad objetivo.

Otros

El ICI publica también estudios y declaraciones de política sobre fiscalidad, regulación de fondos y estructura de los mercados de capitales, aunque nada demasiado reciente. Sus compilaciones estadísticas son asimismo valiosas para todos los que trabajan en la gestión de inversiones.