Esta es una historia de giros y vueltas, de múltiples actores y de desfases temporales en el camino hacia un acuerdo sobre cómo supervisar a los auditores del mundo. También describe lo largo y difícil que resulta establecer principios mundiales para los servicios financieros.
La información financiera fiable es para los servicios financieros lo que el agua limpia es para la vida.
En la primera mitad de mi carrera, en las décadas de 1980 y 1990, los debates de política sobre la información financiera se centraban en las normas contables y en cómo elaborar estados financieros en un mundo cada vez más inmaterial y difícil de cuantificar de forma uniforme y comprensible.
Fue la época en que se creó en Londres el International Financial Reporting Standards Board como fuerza de referencia. En los años siguientes, su trabajo fue adoptado progresivamente por una gran mayoría de los gobiernos del mundo; y también fue una época en la que otros gobiernos siguieron apoyando sus propias normas contables nacionales generalmente aceptadas. Estas normas están tan estrechamente ligadas a la política fiscal que hay razones comprensibles para querer decidir a escala nacional cómo se presenta un estado financiero. El problema es que, cuando cada país se aferra a sus propias normas, la elaboración de estados consolidados para las empresas multinacionales resulta costosa, el resultado es difícil de leer y no es posible comparar en términos homogéneos las distintas empresas.
Sin embargo, fueran cuales fueran las normas y principios contables aplicados por las firmas de auditoría, estas décadas también fueron testigo de fracasos de auditoría espectaculares. El Bank of Credit and Commerce International se hundió en 1991, seguido del fraude de las pensiones de Maxwell en 1992. Ambos fraudes dieron lugar a comisiones nacionales de gobierno corporativo en el Reino Unido.
Estados Unidos vivió el escándalo de Waste Management en 1998 y, en 2001, sufrió el enorme fraude de Enron y el consiguiente hundimiento de la firma de auditoría Arthur Anderson y, en los años siguientes, la fusión progresiva de las ocho grandes firmas mundiales de auditoría (las “Big 8”) en cuatro. La quiebra de World Com salió a la luz en 2002, el mismo año que la de Tyco. HealthSouth y Freddie Mac en 2003, American International Group en 2005, y el escándalo de Lehman Brothers, que agravó la Gran Recesión de 2008-2009.
Los fracasos de auditoría no fueron solo un asunto angloamericano: en Francia, la serie de “acontecimientos” de Credit Lyonnais se prolongó durante toda la década de 1990 y dio lugar a saneamientos de 35.000 millones de dólares a lo largo de varios años. Los tribunales franceses siguen viendo casos derivados de las consecuencias de Credit Lyonnais, lo que pone de manifiesto lo duraderos que son los daños causados por el fraude. En Italia, el agujero de 14.000 millones de euros de Parmalat salió a la luz a finales de 2003. En Japón, el fraude contable de Olympus se conoció en 2011.
Los estados financieros auditados son un pilar básico de información para las economías. Múltiples actores de la sociedad dependen de ellos. Y, sin embargo, estos grandes fracasos continúan. El escándalo de Wirecard en Alemania estalló a finales del verano de 2020, aunque durante cinco años completos el Financial Times [1] había estado publicando artículos inquietantes y teniendo que resistir todas las amenazas intimidatorias que puede proferir una gran empresa.
Y bien, ¿quién supervisa a los auditores? En la mayoría de los casos, son las autoridades de los mercados de capitales de cada país las responsables de los principios contables y de las cualificaciones de la profesión contable. Eran demasiadas las cosas que salían mal como para que estas autoridades no reaccionaran.
La International Federation of Accountants (IFAC) es el organismo mundial que representa los intereses de esta profesión del sector privado. Las normas generales para los auditores de las firmas miembros de la IFAC las fijaba su International Auditing Committee, fundado en 1978. La idea era que, fueran cuales fueran los principios contables aplicados en un país, los auditores tuvieran enfoques similares a la hora de verificar las cuentas y elaborar los estados financieros. La contradicción, sin embargo, consistía en que un organismo del sector privado desarrollara principios para su labor de servicio público más básica sin supervisión pública; para muchos no resultaba creíble, y los fracasos eran reiterados y sonados.
El International Auditing Committee se reformuló y se reforzó considerablemente en una forma más pública en 2004, cuando se convirtió en el International Audit and Assurances Standards Board (IAASB). En previsión de la reforma, a finales de 2002 se creó un grupo muy amplio de personas ajenas a la auditoría para hacer aportaciones al IAASB: su Consultative Advisory Group. Unos años más tarde se constituyó un organismo mundial paralelo para la ética profesional de los auditores, con su propio grupo consultivo.
Por parte de las autoridades, se entabló la batalla para imponer la supervisión pública a la profesión contable. A principios de la década de 2000, IOSCO respondió creando el Monitoring Group [2] junto con el precursor del actual Financial Stability Board. A su vez, el Monitoring Group creó en febrero de 2005 el Public Interest Oversight Board (PIOB), en el marco de las propuestas de reforma de la IFAC presentadas por el propio Monitoring Group, con el objetivo de aumentar la confianza de los inversores y de otras partes interesadas en que las actividades de interés público de la IFAC, incluida la elaboración de normas por parte de sus consejos, respondían adecuadamente a dichos intereses.
El IAASB y sus asesores lograron después la aprobación de las autoridades para sus normas de auditoría y aseguramiento, muy clarificadas, a finales de la década de 2000, y estos textos, sometidos a revisión pública, pasaron a formar parte del compendio de normas del Financial Stability Board para el sistema financiero mundial. El hecho de que esta asociación profesional privada siguiera controlando el nombramiento de los miembros del IAASB… en fin, no terminaba de convencer a muchos. El tira y afloja entre una profesión privada que establecía sus propias normas públicas y sus supervisores siguió desarrollándose.
En julio de 2020, el Monitoring Group dio respuesta a la consulta pública que había realizado en 2017. En los círculos de la política financiera, el anuncio [3] tuvo una gran repercusión: como supervisor del PIOB, decidió ampliar las responsabilidades de este organismo independiente. Para 2023, el PIOB supervisará el proceso de elaboración de normas para garantizar que las normas internacionales relacionadas con la auditoría respondan al interés público, lo que incluye que se elaboren con arreglo a los principios del Public Interest Framework utilizado por otros organismos mundiales de elaboración de políticas. El PIOB debe velar por que las actividades de elaboración de normas sigan el procedimiento debido a lo largo de todo el ciclo de desarrollo, incluido que los consejos de auditoría y de ética profesional consideren y ponderen adecuadamente las aportaciones de las partes interesadas.
El mandato del PIOB mantendrá la supervisión directa de la capacidad de respuesta de las normas definitivas al interés público, incluso mediante un diálogo continuo con los consejos normativos a lo largo de todo el ciclo de desarrollo.
Las responsabilidades de gobernanza del PIOB incluirán el proceso de propuesta y nombramiento de los miembros de los consejos, la protección de estos frente a influencias indebidas, como las comerciales, políticas y económicas, en aras del interés público, y la supervisión de la administración que apoya la elaboración de normas, incluidos los criterios de ética y conducta para el PIOB, los consejos y el personal.
Pero ¿qué significa esto para la World Alliance y para quienes trabajan en estos centros financieros? Cabe esperar que el trabajo contable y de auditoría resultante reduzca la frecuencia y el alcance de los fraudes, escándalos y pérdidas. En términos más generales, las numerosas partes interesadas que dependen de los estados financieros auditados deberían poder abordarlos con mayor confianza en su valor informativo. Asimismo, para los centros financieros de la World Alliance, quienes se incorporen a la profesión contable y de auditoría deberían encontrar un entorno de trabajo más gratificante, y estos profesionales son muy necesarios en el corazón de los ecosistemas de los centros financieros a medida que la economía mundial sigue evolucionando.
En otra opinión, los lectores de la World Alliance examinarán más de cerca los informes de aseguramiento de los auditores, a diferencia de los estados auditados. Este servicio público de las firmas de auditoría, menos conocido, tendrá un papel especialmente importante en el avance de la comprensión de las cuestiones de sostenibilidad.
[1] “Wirecard and me: Dan McCrum exposing a criminal enterprise”, Financial Times, Londres, 3 de septiembre de 2020.
[2] En 2021, el Monitoring Group está compuesto por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, la Comisión Europea, el Financial Stability Board, la International Association of Insurance Supervisors, el International Forum of Independent Audit Regulators, la International Organization of Securities Commissions y el Banco Mundial.
[3] https://www.iosco.org/about/monitoring_group/pdf/2020-07-Monitoring-Group-Recommendations-to-Strengthen-the-International-Audit-and-Ethics-Standard-Setting-System.pdf
Los artículos aquí publicados reflejan las opiniones de sus respectivos autores y no necesariamente las de la World Alliance.